A pesar de las diferentes señales que advertían que esto podía llegar a suceder, ninguna de las partes involucradas, tanto las autoridades (gubernamentales y del establecimiento) como la banda de música y el público, tomaron conciencia del desastre que podía suceder.
En un primer momento, la búsqueda incesante de los culpables, llevó a señalar con el dedo acusatorio de la Justicia a todos los que formaron parte de esta tragedia. La sociedad, sin embargo, esta vez ya tenía decidido quienes eran los culpables. Con el correr de los años y la información un poco menos difusa, esta situación cambió drásticamente.
De las aproximadamente 3.000 personas que concurrieron al show, 194 murieron y alrededor de 1.500 resultaron gravemente heridas, tanto física como psicológicamente. República de Cromagnón fue un recuerdo triste e imborrable para muchos que estuvieron ahí. Con esta tragedia, se abrió una nueva tribu en la sociedad argentina: los sobrevivientes.
La Justicia condenó a 10 años y 9 meses de prisión a Omar Emir Chabán, gerenciador de "República Cromañón", a 5 años de prisión al ex manager de la banda "Callejeros", Diego Marcelo Argañaraz, a 7 años de prisión al líder de "Callejeros", Patricio Rogelio Santos Fontanet, a 6 años de prisión al baterista Eduardo Arturo Vázquez, a 5 años de prisión a los restantes músicos de la banda, Christian Eleazar Torrejón, Juan Alberto Carbone, Maximiliano Djerfy y Elio Rodrigo Delgado, a 3 años de prisión al escenógrafo del grupo, Daniel Horacio Cardell y a 6 años de prisión a Raúl Alcides Villarreal, mano derecha de Chabán, por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y cohecho.
Por dicha sentencia, también fueron condenados los siguientes funcionarios públicos: el ex Subcomisario Carlos Rubén Díaz, a la pena de 8 años de prisión e inhabilitación especial perpetua, por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y cohecho; Fabiana Gabriela Fiszbin, ex Subsecretaria de Control Comunal del G.C.B.A., a la pena de 4 años de prisión, Gustavo Juan Torres, ex Director General de Fiscalización y Control, a la pena de 3 años y 9 meses de prisión y Ana María Fernández, ex Directora General Adjunta de la Dirección General de Fiscalización y Control, a la pena 3 años y 6 meses de prisión, por el delito de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con incendio culposo seguido de muerte. 
